Instancia colaborativa de conversación fue realizada en conjunto por Gabinete de Rectoría y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Con la participación de autoridades, funcionarios y estudiantes, se desarrolló la instancia de socialización de la Ley N°21.369, sobre los desafíos que representa para las instituciones de educación superior el nuevo cuerpo legal,promulgado el pasado 15 de septiembre, que busca promover en la educación superior la existencia de políticas integrales orientadas a prevenir y sancionar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, protegiendo y reparando a las víctimas, con el fin de establecer ambientes seguros y libres de tales abusos.

La actividad reunió a la académica y abogada de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, que presentó la ponencia “Implicancias y desafíos de la Ley N°21.369, que regula el acoso, la violencia y la discriminación en el ámbito de la Educación Superior”,y a Leonardo Castillo Cárdenas, abogado de la Red de Investigadoras y académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera, con la presentación titulada “Ley RedI: génesis e implicancias de una iniciativa popular -cuando no existían iniciativas populares- sobre un tema impopular”.

La directora de Equidad de Género, Bárbara Eytel Pastor, quien dio la bienvenida a la ceremonia, destacó el compromiso de los estudiantes de la Universidad de la Frontera por erradicar toda forma de violencia dentro de la comunidad universitaria, señalando el compromiso de las nuevas generaciones por eliminar todo tipo de violencias: “como universidad, tenemos el deber de abordar estos temas, que además se encuentran vigentes en nuestra normativa, y pensar en cómo, desde la formación profesional y desde la investigación, podemos transformar esta realidad. Es aquí donde la Ley nos impone el desafío de contar con una política integral de igualdad y equidad de género, que nos oriente en la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia, para lo que se necesita un compromiso transversal desde todos los espacios de la comunidad universitaria”.

Para el vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de La Frontera, Jorge Petit- Breaulih Sepúlveda, la relevancia de la Ley N°21.369 “viene a reforzar el trabajo que se encuentra realizando la Universidad a través de la Dirección de Equidad de Género, otorgando un marco normativo que permitirá seguir avanzando y creciendo; constituyéndose en un mínimo a cumplir, y si bien tenemos que hacer converger algunos elementos e incorporar otros, vamos por el camino correcto”.

En su ponencia, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, realizó una mirada histórica de la tramitación de la Ley, la que surge producto de la visibilización mediática de hechos de violencia ocurridos dentro de las casas de estudios, y de la movilización de diversas organizaciones y voluntades políticas, que confluyeron en la necesidad de redactar un proyecto legislativo que finalmente se transformaen la Ley N°21.369.

Junto a ello, la académica destacó la importancia que cumple la normativa que fija estándares más precisos en las obligaciones que tienen las universidades tanto en la prevención, investigación, sanción, protección y reparación de las víctimas de acoso, violencia y discriminación: “así que es una Ley que interesa que sea conocida y abordada por la comunidad, pues establece procesos de participación para fijar las estrategias internas y además establece un plazo relativamente acotado para tener ciertos resultados”, señaló Zúñiga.

Para el abogado redactor de la iniciativa legal, Leonardo Castillo Cárdenas, la promulgación de  la Ley N°21.369 “busca impulsar que existan ambientes protegidos, adecuados para que todos y todas podamos desarrollarnos de la mejor manera posible, que es lo que se debe buscar como un mínimo, como un piso  dentro de las universidades, y veo con tranquilidad que hay importantes esfuerzos de las autoridades y de la comunidad de la Universidad de La Frontera para adecuarse a la normativa y avanzar en términos de igualdad y equidad”.

Para finalizar la actividad, se realizó una ronda de preguntas por parte del público asistente, las que se focalizaron en cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo, evitando fallas en la investigación, inquietud en que los expositores coincidieron en responder, señalando que la Ley N°21.369 tiene una finalidad, un objeto especifico determinado y una serie de principios en las que se destaca el concepto de debido proceso, tanto para la protección de la víctima como de la persona que se encuentre siendo investigada.

La nueva normativa deja establecido que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional, establecida en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para lo que tendrán un año de plazo desde la entrada en vigencia de este cuerpo legal.

Alejandra González Zambrano

Periodista