Para el abogado Leonardo Castillo Cárdenas, la irrupción de la revolución feminista de mayo de 2018, fue el punto de inflexión frente a las demandas que visibilizaban las situaciones de acoso, abuso y discriminación, que durante años han sufrido las mujeres dentro de los espacios académicos. Éste fue, además, el impulso para que las universidades recogieran las exigencias del movimiento feminista, que exigía un cambio institucional frente a prácticas patriarcales anquilosadas en las instituciones más tradicionales del país.

“Precisamente porque las mujeres no están en espacios de poder, y porque la cultura es machista y patriarcal, no se trataba de un tema relevante para los tomadores de decisiones”. Así responde el abogado Leonardo Castillo Cárdenas, al ser consultado por la casi inexistente normativa que resguardara los espacios de desarrollo académico e impidiera el abuso y discriminación dentro de las Instituciones de Educación Superior.

¿Cómo se gestó el proyecto de ley que regula el acoso sexual en la educación superior?
La génesis de este proyecto fue bien particular; como Asociación de la Red de Investigadoras, nos encontramos desplegados en todo Chile e incluso fuera de nuestras fronteras, y una de nuestras principales metas es romper el techo de cristal, para que las mujeres puedan efectivamente desarrollarse en ambientes seguros y alcanzar los máximos espacios de poder y decisión académica. Espacios, que hoy los varones tenemos colonizados.

¿Cuál era el escenario que existía dentro de los espacios académicos a comienzos de 2018?
Una de las cosas a la cual nos dedicamos fuertemente en un primer tiempo, fue a recibir muchas denuncias sobre temas y casos de connotación de acoso sexual. En principio, recabamos muchos antecedentes, comienzan a aparecer una serie de denuncias y los casos comienzan a desbordarse. En ese momento, se conoció una grave denuncia en contra de un connotado académico de la Universidad Austral de Chile, quien estaba siendo, en definitiva, protegido por sus pares al interior de aquella institución.

¿Cuál fue el rol de la Red de Investigadoras?
Junto a Adriana Bastías Barrientos, Presidenta de la Red de Investigadoras, surge la pregunta ¿cómo podemos hacer para que nuestras estudiantes puedan estar protegidas?; ya que el estatuto administrativo regula a quienes trabajamos para el Estado, en este caso, en una universidad pública, donde el acoso sexual está regulado hace mucho tiempo; lo mismo en el Código del Trabajo. No obstante, nos dimos cuenta que no existía una normativa específica que protegiera a las estudiantes y decidimos, en conjunto, realizar un borrador de proyecto de ley.

¿En qué investigaciones se fundamentó este proyecto de Ley?
Por la premura de lo que nos convocaba, tomamos como insumos, investigaciones realizadas por académicos/as de La Universidad de La Frontera, entre ellas; Maya Saracostti, Soledad Morales; la colaboración de Stefanía Esparza y de quién habla. Es por eso que, de alguna manera, este borrador tiene en gran parte un conocimiento sustentado desde la UFRO.

¿Cuáles son los principales lineamientos de este borrador?
La construcción del documento se realizó bajo dos requerimientos que fueron muy discutidos, pero necesarios de establecer: que se construyera un modelo con carácter participativo y triestamental, ya que las situaciones, las agravantes y los sitios de riesgo, se deben determinar por toda la comunidad, no solo por los académicos. Igualmente, destaco el artículo séptimo que establece incentivos para que estas políticas integrales se desarrollen, como por ejemplo, supeditar la acreditación institucional al cumplimiento de la normativa.

¿ Es La comunidad universitaria fundamental para avanzar en políticas que sancionen hechos de esta naturaleza?
Efectivamente, esto no es un tema de investigación; es un tema para que la comunidad universitaria se sienta segura. Por eso, no solo hablamos de acoso sexual, hablamos de violencia y discriminación de género, que es bastante más amplio.
Finalmente, el pasado 15 de septiembre fue promulgada la Ley Nº21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación en el ámbito de la educación superior, y que dentro de su cuerpo legal establece el debido proceso.

El abogado Leonardo Castillo Cárdenas, es Magíster en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense; Magíster en Política y Gobierno de Flacso. Actualmente, es Doctorando en Derecho de la Universidad de Salamanca. Asesor Jurídico de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y Académico del Departamento de Ciencias Jurídicas y Administrativas UFRO. Investigador Cátedra UNESCO Niñez, Juventud, Educación y Sociedad, es socio y miembro del comité político de la asociación red de investigadoras y secretario general de las redes chilenas de investigación. Fue redactor del proyecto de ley que regula el acoso sexual en la educación superior y que fue la base de la Ley Nº21.369.

Alejandra González Zambrano
Periodista
Dirección de Equidad de Género